Era virtualmente imposible que con más del 80% de opinión pública adversa y con los peores indicadores económicos del mundo, el gobierno gane las Elecciones de Gobernadores en proporción perfectamente inversa a la predicción de la totalidad de las encuestadoras reconocidas (las cuales sí acertaron en el porcentaje de participación, pero extrañamente no en los resultados).

Ante esa incontestable realidad, que dejaría al desnudo su frágil situación, la cúpula militar-cívica decidió cometer un auténtico delito electoral masivo, de un modo que no puede ser percibido en las Actas.

Antes del 15 de octubre, ya conocimos el cúmulo de maniobras consumadas previamente, entre las cuales destacan:

– Retrasar en 2016 dichas elecciones y hacerlas muy rápidamente después de la fraudulenta Constituyente de Maduro, contando con la desesperanza incubada en los electores de oposición.

– Ejecutar un cronograma opaco y caprichoso, violatorio de lapsos establecidos legalmente y de los más elementales procedimientos electorales, especialmente al impedir el derecho a acordar alianzas entre candidatos.

– Obstruir selectivamente la participación de electores, mediante la reubicación de Centros de Votación en zonas opositoras al régimen.

– Relacionar falsamente las Elecciones de Gobernadores con un supuesto sometimiento a las decisiones de la deslegitimada Constituyente madurista, para desmotivar al electorado opositor.

El propio 15 de octubre se confabularon los actores pro-oficialistas (burocracia gubernamental, estructura del PSUV, funcionariado del CNE y mandos militares), para perpetrar un delito colectivo, evidenciado por un orquestado patrón de vergonzosas irregularidades:

– Retardo en entrega de credenciales e impedimento del acceso a Testigos de la Unidad y a Miembros de Mesa sorteados por el CNE en muchos Centros de Votación, para que delincuentes entrenados permitieran las ilegales prácticas de voto “forzado” (bajo vigilancia) y “usurpado” (electores ausentes).

– Retardo excesivo en la sustitución de Máquinas de Votación defectuosas, propiciando abstención por cansancio de electores en Centros con mayoría opositora.

– Creación de clima de inseguridad programada, a cargo de grupos violentos partidarios del régimen, también para favorecer abstención de electores de oposición.

Negativa de entrega de Actas a Testigos de la Unidad, en Centros ubicados en zonas controladas por el oficialismo.

Solo una concertación delictiva como la expuesta permite entender los resultados más que increíbles anunciados por el CNE.

Esa actividad delincuencial y premeditada no está prevista en las Actas, pero altera significativamente cualquier resultado electoral. Por ello es que el recuento de votos y la revisión de Actas o Cuadernos no arrojarán resultados distintos. La clave está en la auditoría de huellas, que sí puede comprobar el voto usurpado (el voto forzado es público y notorio).

Con seguridad, los candidatos y partidos de la Unidad sabrán exponer los detalles del delito masivo cometido. Es el momento de analizar los hechos y afinar estrategias, con serenidad, pero sin demora, sabiendo que una dinámica económica indetenible, más temprano que tarde, demolerá el endeble aparato autoritario, aparentemente fuerte por su carácter represivo, pero basado en fantasías insostenibles a muy largo plazo.

En ese análisis profundo, la sociedad civil organizada tendrá mucho que decir, pues la lucha democrática debe continuar sin desmayo, venciendo la desesperanza y sin esperar soluciones mágicas inmediatas.

Caracas, 17-10-17

– Grupo La Colina – 17-10-2017

Fuente:
José Luis Vera
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